Montevideo, 22 jul (EFE).- La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó hoy un impuesto que grava a productores agropecuarios dueños de una superficie de explotación superior a 300 hectáreas según el índice Coneat 100, que determina el rendimiento de los suelos, para financiar la educación primaria.
El proyecto de ley del llamado Impuesto Anual de Enseñanza Primaria vio la luz con los votos a favor de la coalición gobernante Frente Amplio (FA) y de un sector del Partido Nacional (PN), Alianza Nacional, mientras que se opusieron el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI).
«Estamos en contra y decimos que los recursos para Educación tienen que salir de los presupuestos que se están elaborando en estos momentos», dijo a Efe el senador del PC José Amorín, quien tomó la palabra en la Cámara para defender el rechazo a la ley.
Amorín indicó que la recaudación que el Gobierno estima reunir con este impuesto es de 14 millones de dólares, una cantidad a su juicio muy pequeña para el volumen de inversión que requiere la Educación, que cifró en estos momentos en 2.000 millones de dólares.
Además, el senador indicó que se trata de «un impuesto ciego» que recae sobre el terreno y no sobre la producción, y que llega en un momento en el que «algunos sectores como el lácteo lo están pasando mal y en el que hay sequía».
«Son campos chicos que producen poco y hay exoneraciones importantes a todos los campos forestales, que no lo pagan», agregó.
Desde el FA alegan que el proyecto «es consecuente con los objetivos básicos de la reforma tributaria», tal y como expuso el diputado Alfredo Asti en la Cámara de Representantes a primeros de julio.
Según observó el legislador frenteamplista, el impuesto alcanzará al 19 % de los contribuyentes del sector agropecuario y significará un gravamen de más de 1,5 millones de dólares por hectárea a los productores.