Rodrigo García Melero
Montevideo, 11 sep (EFE).- En plena crisis migratoria en Europa, con miles de ciudadanos de Siria buscando una nueva vida lejos de la guerra, a miles de kilómetros, en el pequeño Uruguay, los 42 refugiados de ese mismo origen que acogió en 2014 lo tienen claro: es un país con gente «amable» pero caro e insisten en marcharse.
Este jueves, tras cuatro días acampados ante la sede del Gobierno uruguayo, en Montevideo, pidiendo ayuda para dejar el país, estas cinco familias optaron por volver a sus casas después de que el Ejecutivo les dijera que no puede asegurarles la entrada a otro Estado y que El Líbano no acepta su vuelta.
Ese país de Oriente Próximo recibió a estos refugiados en un campamento antes de llegar a Suramérica y es allí donde dicen, quieren volver, porque la vida es más barata.
«Que se vayan, si no quieren ser uruguayos, váyanse a la mierda» y «estamos pagando todos por ayudarlos», son algunas de las expresiones que diversos viandantes les espetaron durante su acampada.
No obstante, no son pocas las personas que por el contrario les brindaron apoyo, lo que plasma la división de la opinión pública sobre esta particular protesta.
Ante el hecho de que las familias no tienen un reclamo «uniforme» sino «distintas inquietudes», el Gobierno informó en un comunicado que acordó con los refugiados la vuelta a sus hogares y el inicio de un diálogo con base en cada situación.
«No podemos parar una guerra, pero sí mitigar sus efectos», dijo el anterior presidente uruguayo José Mujica (2010-2015) al recibir a las familias en octubre del año pasado.
En estos meses, si bien han huido de micrófonos y cámaras, no han sido pocos los controvertidos capítulos que han trascendido en la prensa local con esas familias como protagonistas.
Supuestos casos de violencia machista, negados después por el Gobierno, así como el aviso de que algunas niñas sirias no estaban yendo a la escuela hicieron dudar de su adaptación.
«Antes de que ellos vinieran tuvimos una entrevista con la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia (que tutela a las familias) y advertimos problemas que podían llegar a darse», explica a Efe Ricardo Chabkinián, secretario del Centro Cultural Islámico de Uruguay.
Este uruguayo de religión musulmana apuntó a tener en cuenta la religión de cada grupo, ya que a su juicio en Siria «hay grupos antagónicos que si bien no tienen ánimo de destruirse pueden resultar perjudiciales cuando están en otro lado conviviendo».
El compromiso uruguayo era no solo acoger a 120 refugiados en dos tandas, sino ofrecerles alojamiento, encargarse de su adaptación y facilitarles un empleo digno.
Casi un año después, las cinco familias numerosas tienen hogar pero en general no han conseguido mantenerse en trabajos de forma permanente.
«Algunos eran empleados, otros vendían cosas. Algunos siguen trabajando. Dicen que les prometieron cosas que no son… ellos piensan que la vida es cara, nada más. Tienen miedo a cuando terminen las ayudas», cuenta Ali Jalil Ahmad, traductor de los refugiados y director del Centro Islámico de Uruguay.
En los cuatro días acampados en la plaza Independencia de la capital y ante el constante peregrinar de la prensa, los sirios apuntaron una y otra vez que el trabajo que hay en Uruguay no les permite ganar dinero suficiente.
«Queremos irnos de aquí», espetó Ibrahim Alshebi, para incidir en que no les importaría volver a Siria, pero que tienen dificultades para abandonar el país y no pueden permitirse los pasajes.
«¿Es preferible pasar al lado de las bombas que estar viviendo en Uruguay? Mirá que se les dio casa y hay gente en Uruguay que no tiene para vivir y no les da una casa con cuatro dormitorios como les dieron a algunos de ellos», añadió Chabkinián.
Asegura que las familias reciben malas influencias de gente de su entorno y opina que «religiosamente» no deberían hacer lo que hacen porque Uruguay les abrió las puertas.
En su opinión, «una familia uruguaya» gana mucho menos de 29.000 pesos, unos 1.000 dólares (el mínimo del monto fijo recibido por cada familia).
«Venían escapando de una guerra, no vienen a probar suerte. Ahí está la diferencia», consideró.
El Gobierno calculó unas ayudas en función del número de integrantes de las familias y de diversos parámetros para sostenerse dignamente, por lo que reciben un fondo fijo mensual durante dos años y otra partida por un año para cubrir gastos.
«Ellos quieren irse desde el primer día. No se adaptaron», dice el traductor, e insiste en que los refugiados consideran a los uruguayos gente «muy amable».
En mayo, el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, dijo que hubo una «falta de previsión» en la organización tanto de la llegada de estos refugiados como la de seis exreos del penal estadounidense de Guantánamo en diciembre de 2014.
La mayoría de estos cuatro sirios, un tunecino y un palestino inició en abril una protesta de varias semanas frente a la Embajada de EE.UU. para pedir mejoras en su situación económica.
Actualmente, cinco tienen voluntad de quedarse en el país -uno espera un hijo-, mientras que el sexto, el sirio Jihad Ahmad Diyab parece no llegar a adaptarse y es el único que no aceptó firmar el acuerdo institucional que les brinda vivienda y ayuda económica.
Jalil Ahmad, que llegó como inmigrante en 1992 y hoy tiene varios negocios, recordó que se adaptó bien al país aunque al principio se topó con el cambio de costumbres, cultura e idioma.
«Fuimos inmigrantes. Es distinto que refugiados», concluye.
La incógnita surge al pensar qué ocurrirá con la segunda tanda de refugiados -72 personas- que el Gobierno uruguayo se comprometió a recibir antes de final de año.