Montevideo, 12 nov (EFE).- El Gobierno uruguayo retiró durante un mes parte de la ayuda que otorga a una de las familias de refugiados sirios que llegaron al país en 2014 como sanción por la agresión que el patriarca realizó a representantes institucionales en una reunión a principios del pasado mes, informaron hoy fuentes oficiales.
El suceso tuvo lugar en la localidad Juan Lacaze del departamento (provincia) de Colonia (suroeste), donde reside el agresor junto a su familia y al que se desplazó el equipo del Programa de Reasentamiento de Familias Sirias junto a un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur).
Según explicó entonces la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno uruguayo (SDH), «la reunión fue motivada por la inquietud del jefe de familia de obtener una visa para trasladarse e instalarse en otro país».
En el encuentro, de dos horas, el equipo le reiteró que el Estado no está capacitado para otorgar visas de entrada a otro país y que la potestad para ello se la reserva el país de destino.
Fue así que «el jefe de familia agredió a parte del equipo del Programa», que de inmediato acudió a la Policía a denunciar el suceso, informó el organismo gubernamental.
«Mi padre perdió el control. Se puso nervioso», explicó hoy a Efe Ibrahim, uno de los 14 hijos de Merhi Alshebli, el cabeza de familia.
El documento de derechos y deberes que firman los refugiados prevé, en caso de que exista una denuncia penal, el «no cobro» del fondo fijo de ayuda económica correspondiente al mes posterior a la misma, explicó hoy la SDH en un comunicado.
«Nos han cortado la ayuda un mes completo, en noviembre. En este momento no tenemos nada en la casa. Tenemos que vivir un mes sin plata», añadió Ibrahim, quien especificó que sí siguen cobrando otra parte de la subvención.
En concreto, las familias, en función del número de integrantes, obtienen dos tipos de ayuda: un fondo fijo que reciben durante dos años mensualmente y una segunda partida rotatoria por un año que cubre aspectos como el transporte, las comunicaciones, vestimenta o consumos del hogar.
La SDH especificó que para «alivianar» la carga de la familia, le ofreció «pagar» en dos cuotas la sanción, pero la familia decidió hacerlo en una, por lo que se procedió al no pago del fondo fijo correspondiente a noviembre.
«Sin embargo, vale acotar que la familia tiene las necesidades básicas cubiertas y que desarrolla actividades económicas independientes que le permiten contar con una fuente de ingresos que trasciende el apoyo recibido a través de la Secretaría», argumentó la SDH.
Ibrahim, que aseguró que es el único de la familia que trabaja, señaló que la partida rotatoria que sí han recibido en noviembre «hace poquita plata» y que con lo que recibe por su trabajo puede vivir él solo, pero no el resto de su familia.
Uno de los 14 hermanos vive en Líbano, mientras que el resto, así como el padre y la madre, residen juntos en Uruguay.
Bajo el mandato del por entonces presidente José Mujica (2010-2015), en octubre de 2014 cinco familias, con un total de 42 personas, víctimas de la guerra civil que sufre Siria desde 2011 fueron acogidas en Uruguay, con la idea de que en 2015 llegaría una segunda tanda, de 72 personas, que el Gobierno actual se comprometió a recibir antes de final de año.
A principios de septiembre, las familias protestaron durante cuatro días frente la sede del Gobierno uruguayo, en Montevideo, en reclamo de poder dejar el país por ser caro y no poder vivir dignamente, aunque finalmente cesaron su acampada.
La SDH posteriormente señaló que se acordó comenzar, en los hogares de cada una, un diálogo en base a cada situación.
No obstante, a finales de octubre, la SDH informó de que el proceso de reasentamiento de las cinco familias «se viene cumpliendo razonablemente», que todos sus miembros se encuentran integrados al sistema de salud, cada familia tiene casa y todos los niños y adolescentes están insertados en el sistema educativo.
Además, el organismo señaló que los esfuerzos ahora se centran en vincular laboralmente a los miembros mayores de edad que aún no lo están.