sábado, 11 de julio de 2015
Uruguay tramita aprobación de acuerdo con Singapur para evitar evasión fiscal

Montevideo, 10 jul (EFE).- El Gobierno uruguayo envió al Parlamento un proyecto de ley para aprobar un acuerdo entre Uruguay y Singapur destinado a evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, informaron hoy fuentes oficiales.
En concreto, este acuerdo fue firmado en el país asiático el pasado 15 de enero y su finalidad principal pretende dar solución al fenómeno de la doble tributación que se genera cuando una persona tiene dos países de residencia y dos entidades fiscales a las que debe pagar y declarar impuestos.
Para este acuerdo se listan los impuestos a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR), el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y el Impuesto al Patrimonio (IP).
El texto del proyecto de ley, divulgado hoy por la Presidencia de la República, explica que cuando un contribuyente es residente de dos países que mantienen acuerdos para evitar la doble tributación, los Estados renuncian a gravar determinadas ganancias y acuerdan que sea solo uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso, se realice una imposición compartida.
Entre otros aspectos, también establece los mecanismos de intercambio de información entre las autoridades competentes de los países para detectar casos de evasión fiscal.
Asimismo, este acuerdo refleja los lazos de amistad entre ambos países y el acercamiento con Asia, lo que se enmarca en la política exterior de inserción económica internacional en ese continente y el fomento de la diversificación del comercio y el incentivo a las inversiones en sectores productivos del país.
Uruguay ya adoptó estándares internacionales propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para evitar la doble tributación y firmó acuerdos similares con países como casi dos decenas de países.
En ese marco, el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas, envió al Parlamento el texto para que ese acuerdo se configure como ley.