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Discurso de Gabriel Boric
Caracas, 16 jul (EFE).- El Ministerio Público (MP) venezolano informó hoy de la medida privativa de libertad contra cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acusados de asaltar un autobús el pasado 9 de julio en la occidental ciudad de Maracaibo.
Los fiscales «imputaron a los agentes José Enrique Osorio Soto (29), Dorly Enrique Fernández García (28), Kevin Alejandro Hurtado Samper (22) y José Enrique Fernández Reverol (20), por la presunta comisión de los delitos de asalto a transporte publico, uso indebido de arma orgánica y peculado de uso (uso de bienes públicos)», informó el MP en un comunicado.
El Tribunal que juzgó la causa fijó como centro de reclusión para los cuatro funcionarios el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite en la misma ciudad de Maracaibo.
El texto de la Fiscalía recordó que el 9 de julio a las 4.00 horas (8.30 GMT) los policías interceptaron una unidad de transporte colectivo en la avenida Las Delicias de Maracaibo, donde despojaron a un grupo de pasajeros de sus pertenencias, cuando se dirigían hacia la población de Maicao, en Colombia».
«Tras perpetrar el hecho delictivo, los agentes de la PNB se marcharon del lugar», continuó pero que tras ser colocada la denuncia por parte de los viajeros «los funcionarios procedieron a la detención de los mencionados efectivos».
La PNB es una organización de seguridad ciudadana creada en 2009 por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) bajo el concepto del «nuevo modelo policial», en un intento del gobierno de atacar «la mala práctica policial».
El actual presidente, Nicolás Maduro, creó hace más de siete meses una comisión presidencial para llevar a cabo la reforma de todos los cuerpos policiales, misión asumida recientemente por el ministro de Interior, Gustavo González.
La inseguridad ciudadana figura en todas las encuestas como uno de los principales problemas de Venezuela, país que ostenta una tasa de homicidios de entre 62 y 82 personas por cada 100.000 habitantes, según cálculos del Gobierno y de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), respectivamente.