Las implicancias de esta decisión son de considerable gravedad. Como principal argumento para justificar esta deserción, el Gobierno venezolano acusó al organismo internacional de ser un “brazo del imperio para agredir a Venezuela”. Al hacerlo, demostró un completo desconocimiento del objeto y fin del tratado denunciado y lo que es peor, de sus beneficiarios.

El sistema interamericano consiste en la asunción de obligaciones por parte de los Estados en beneficio de los individuos bajo su jurisdicción. A diferencia de otros tratados tradicionales, no se articula en función del intercambio de derechos entre Estados. De esta manera, se garantiza la posibilidad de hacer valer los derechos fundamentales de las personas, independientemente de su nacionalidad.

El compromiso asumido por cada Estado abarca el respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Convención e implica el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de éstos. Se protege con el llamado “recurso judicial”, que consiste en el derecho del individuo  a la tutela judicial efectiva.  Éste, constituye un pilar básico del Estado de derecho por extender el amparo de la justicia, frente a las violaciones a los derechos fundamentales, aun cuando éstas sean cometidas por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. De esa manera, la supervisión del cumplimiento adquiere nivel internacional y los Estados se someten a la revisión de sus políticas por una instancia superior.

Es evidente el efecto regresivo que provoca excluir de estas garantías a las personas bajo jurisdicción del Estado venezolano, y más aún si se tiene en cuenta que la Corte Interamericana ha dictado numerosas sentencias en su contra por violaciones a los derechos humanos. Asimismo, el organismo supranacional ha denunciado desde hace tres años, por medio de informes de la Comisión, el deterioro de la democracia en ese país.

La evasión de la competencia de un tribunal internacional en materia de derechos humanos no es más que la manifestación concreta de la ideología reaccionaria del gobierno venezolano en su concepción de democracia y ejercicio del poder.

Es posible interpretar la renuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos como contraria a su Constitución, ya que ésta reconoce en su articulado el principio de progresividad, la preeminencia de los derechos humanos y otorga jerarquía constitucional a los tratados relativos a ellos.

En términos similares, Argentina también consagró la protección de los derechos humanos en su norma suprema. Más precisamente, dio jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales en la materia, entre ellos la citada Convención.

Con ese mismo razonamiento, Argentina también condicionó la aprobación de tratados de integración, “que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales” al respeto del orden democrático y los derechos humanos (artículo 75 inciso 24 de la Constitución argentina). En consecuencia, las relaciones de integración entre Argentina y Venezuela, merecen una revisión después de esta decisión tomada por Caracas.

En ese orden, es de vital importancia analizar la repercusión que suscite en el Mercosur, ya que la decisión de Venezuela −miembro pleno desde el año pasado- confronta normas del bloque regional que reafirman los principios y disposiciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Mercosur y el Acuerdo sobre Cooperación Regional para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad, entre otros.

La renuncia de Venezuela a la Corte Interamericana de Derechos Humanos configura un claro retroceso en la defensa del Estado constitucional de derecho y viola la cláusula democrática del Mercosur, que vela por la plena vigencia de las instituciones y el respeto irrestricto de los derechos humanos en la búsqueda del desarrollo y el progreso común de los países miembros.

La configuración del mismo Mercosur, incluso, responde a la preocupación por la observación de los derechos humanos a partir del proceso de redemocratización de América Latina, iniciado a principios de los años 80. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido pronunciamientos que induzcan a un trabajo conjunto de la región en pos de un regreso de Venezuela al sistema internacional de tutela de los derechos humanos.

En cuanto a la reacción de las autoridades argentinas, el silencio permite suponer que las relaciones bilaterales continuarán sin alteraciones.

En ausencia de políticas acertadas, el discurso progresista habilita la identificación y movilización de quienes no distinguen la diferencia entre los valores declarados y los intereses apoyados. 

El abandono de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos es un nuevo recurso a la denuncia de sabotaje por parte de un gobierno que rechaza la discusión de ideas; es la revelación del carácter reaccionario del poder ejercido a partir del conflicto y de una política impulsada a partir de puras creencias.

Así las cosas, es imperioso atender la protección de los derechos humanos en tanto piedra angular del Estado constitucional de derecho. Hay que evitar la supeditación de éste al discurso que lo enuncia e impedir de esa manera cualquier posibilidad de desregulación de la lógica democrática. Especialmente, en los países de Latinoamérica, cuya historia de violaciones a los derechos de las personas debe ser superada fuera del plano discursivo.