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Discurso de Gabriel Boric
Caracas. Por Inés GUZMÁN/Stella MONTOROEfe/SAH
Nicolás Maduro insiste en poner parches mientras la economía está con el agua de la devaluación, la inflación y las deudas, al cuello. La orden de «ocupar» las tiendas de venta de electrodomésticos Daka desató una ola de saqueos. Parece que al heredero político de Hugo Chávez el legado le desborda pero, a su manera, intenta buscar soluciones.
El presidente ha declarado la guerra a la escasez de productos básicos con una mezcla de masivas importaciones y entrega de divisas a sectores clave, pero la estrategia amenaza con pasarle factura mientras se acumulan deudas con proveedores extranjeros y las reservas del Banco Central caen aceleradamente.
En un país donde el Estado monopoliza la comercialización y el control de las divisas, el Gobierno se ha puesto como principal tarea garantizar el abastecimiento de aquí a fin de año, especialmente durante la crucial temporada navideña y ante la cercanía de las próximas elecciones municipales.
Y para ello no ha escatimado esfuerzos, aprobando millonarias importaciones y autorizando, por ejemplo, mediante un decreto la compra de 3,5 millones de toneladas de alimentos por 29.392 millones de bolívares (4.665 millones de dólares) en los próximos 10 meses.
El propio presidente, Nicolás Maduro, suele informar de la compra de productos a sus socios del Mercosur y el vicepresidente económico, Rafael Ramírez, ha anunciado que se realizará una importación masiva de alimentos.
Al mismo tiempo, los medios estatales publican grandes titulares cuando llegan artículos a los puertos del país.
El Gobierno también ha intentado paliar la escasez de dólares con un nuevo ciclo de subastas semanales de divisas, en las que asigna un total de 100 millones de dólares a particulares y a empresas.
Además, Maduro anunció esta semana un operativo cívico-militar para inspeccionar almacenes, galpones y reservas de empresas en la lucha contra el acaparamiento, con el resultado de varios decomisos y el inicio de procesos judiciales.
Sin embargo, en medio de acusaciones a la oposición y al empresariado de llevar adelante una guerra económica en su contra, ve cómo sus opciones se reducen, entre una escasez crónica de dólares, rumores de devaluación y una inflación que cerraría el año sobre el 50 %.
«Se ha pretendido sustituir con importaciones lo que antes se producía en el país y ésto ha sido un modelo que hoy en día empieza a hacer agua», reflexiona Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, una organización acusada por Maduro de impulsar la «guerra económica» contra el Gobierno.
La ola importadora ha dejado al Gobierno con una abultada cuenta por pagar que se ha evidenciado en quejas de algunos de sus proveedores, mientras sus reservas internacionales caían a 21.747 millones de dólares a fines de octubre tras abrir el año en cerca de los 30.000 millones.
El Gobierno de Brasil fue uno de los últimos en sumarse a la lista de proveedores extranjeros que reclaman a Venezuela pagos atrasados por la compra de productos.
La preocupación por las deudas, que según el diario brasileño Folha de Sao Paulo en algunos casos acumulan retrasos de cuatro meses, escaló a tal punto que el Gobierno de Dilma Rousseff envió a Caracas una misión para tratar la situación.
Los reclamos de Brasil se suman a los de Panamá, que ya ha hecho público su malestar por la deuda que importadores venezolanos mantienen con la Zona Libre de Colón, estimada por el país centroamericano en 1.200 millones de dólares.
Aunque el Gobierno de Panamá y el de Venezuela se comprometieron a buscar mecanismos para reducir la deuda, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, dijo en septiembre que su país no ha recibido «un real».
Los crecientes reclamos de exportadores extranjeros reflejan las dificultades de Venezuela para honrar sus compromisos, problema que los importadores venezolanos y los economistas atribuyen a las trabas para acceder a divisas en el marco del control de cambios que rige en el país desde hace una década.
El Gobierno ha respondido lanzando esta semana un nuevo mecanismo de administración de divisas y la activación de un operativo cívico-militar contra el acaparamiento.
Para los economistas, la cercanía de las elecciones municipales del 8 de diciembre hará que el Gobierno persista en su estrategia y demore cualquier decisión impopular para dar respuesta a un problema multifactorial.
El economista Asdrúbal Oliveros indicó que «la escasez es un reflejo del mal diseño de la política económica, con más importaciones no vas a resolver el problema».