Caracas. SAH/Efe

El líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, se ha convertido en uno de los opositores más férreos al Gobierno venezolano, una postura que radicalizó para exigir «la salida» del presidente Nicolás Maduro, antes de ser acusado y detenido por la violencia en la protestas.
Encerrado desde hace cinco meses tras el inicio de una ola de manifestaciones contra Maduro que acabaron en incidentes violentos y un saldo oficial de 43 muertos, Leopoldo López se ha convertido en el rostro de la oposición que no ve más solución para Venezuela que el fin del Gobierno chavista.
Transitó a lo largo de su carrera política desde el discurso del diálogo con el chavismo hasta la exigencia del fin del Gobierno, a la que llegó en los últimos meses separándose de la línea conjunta de la oposición.
Señalado con el dedo insistentemente desde las tribunas del chavismo, donde se recuerda que firmó el Decreto Carmona, que en 2002 suscribió el efímero presidente golpista Pedro Carmona, durante el fallido intento de golpe a Hugo Chávez, López ha estado en la mira de Maduro desde que inició su Gobierno.
El presidente venezolano le ha acusado de formar parte de la «trilogía del mal», su particular denominación para la terna en la que también incluye a la exdiputada María Corina Machado, despojada de su condición parlamentaria en marzo, y el gobernador y excandidato presidencial Henrique Capriles.
López optó por romper la unidad en el seno de la oposición y convocar a marchar contra Maduro el 12 de febrero pasado.
A su término, un grupo de encapuchados se separó del grupo y protagonizó incidentes contra instalaciones y bienes públicos, mientras miembros de cuerpos de seguridad abrían fuego.
Al menos uno de los dos muertes que se registraron ese día en esa parte de la ciudad, al que se sumó luego otra en el otro extremo de Caracas, se le atribuye a los cuerpos de seguridad.
Sin publicidad ni difusión, un tribunal de Caracas dictó ese mismo día orden de captura contra el fundador del partido Voluntad Popular (VP), que terminó con una acusación en su contra por presuntamente incurrir en los delitos de «determinador (autor intelectual) en incendio intencional, instigación pública, daños y asociación para delinquir».
El político se entregó el 18 de febrero tras pedir a sus seguidores que lo acompañaran a hacerlo, lo que fue secundado por decenas de miles de personas, y conversar con las autoridades venezolanas, según reconocieron ambas partes.
Ese mismo día llegó a la cárcel militar de Ramo Verde, cercana a Caracas, en un vehículo que condujo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. «Para que ustedes vean lo que hace la revolución para garantizar la paz. Nosotros terminamos cuidando la vida de Leopoldo López», dijo entonces Maduro.
En esa penitenciaría quedó recluido y desde entonces, López ha seguido pidiendo al presidente venezolano su renuncia para abrir paso «a un mejor futuro para todos los venezolanos» y lo ha llamado «dictador».
Proveniente de una acomodada familia, López, caraqueño de 43 años, estudió economía en el Kenyon College (Ohio, EE.UU.) y cursó una maestría en Políticas Públicas en la Escuela Kennedy de Gobierno, dependiente de la Universidad de Harvard (EE.UU.).
Al regresar a su país trabajó en la estatal Petróleos de Venezuela PDVSA (1996 y 1999).
Ha tenido siempre aspiraciones presidenciales, que no ocultó tras ser alcalde del municipio caraqueño de Chacao, durante dos períodos consecutivos (2000-2008).
Pero en 2008, López fue inhabilitado hasta 2014 por la Contraloría en una controvertida decisión tras un proceso que comenzó en 1998.
La Contraloría estimó que López supuestamente recibió dinero de la gerencia de relaciones públicas de PDVSA, que dirigía entonces su madre, Antonieta Mendoza de López, para fundar el partido Primero Justicia (PJ).
También le acusaron de tomar una partida presupuestaria que debía ser destinada a la Alcaldía Metropolitana «para otras cosas».
López indicó que los fondos de PDVSA fueron concedidos tras ganar un concurso público y que la utilización de recursos de la Municipalidad se debió a una reasignación presupuestaria, de acuerdo con la necesidades administrativas del ente.
López fue inhabilitado pero llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló a su favor en septiembre de 2011.
Sin embargo, el Tribunal Supremo venezolano (TSJ) indicó que el fallo de la corte internacional, de la que Venezuela se ha desligado, era inejecutable aunque le permitió presentarse como precandidato opositor a la presidencia, aspiración que desechó para apoyar a Capriles.
Con el inicio del juicio en su contra, se abre la interrogante sobre su libertad y el destino de sus aspiraciones presidenciales.