Caracas, 2 sep (EFE).- El gobernador del estado venezolano de Mérida (oeste), el oficialista Alexis Ramírez, informó hoy que otros tres presuntos paramilitares fueron capturados entre el lunes y el martes en un operativo de seguridad que el Gobierno venezolano llama Operación de Liberación del Pueblo (OLP).
«Los detenidos son Luis Gerardo Sierraga, de 58 años de edad (colombiano), Alberto Portillo Valenzuela, de 36 años de edad (colombiano) y Albeiro Jose Quintero Peño, de 23 años (venezolano)», señaló el Ministerio de Comunicaciones venezolano a través de un comunicado.
El Gobierno informó que en el lugar del allanamiento «se encontró una importante cantidad de municiones de distintos calibres», entre ellos 28.000 balas, tres latas de pólvora de 60 kilogramos y una recarga de cartucho de arma de fuego.
«Este es un arsenal que estaba siendo utilizado para armar bandas delictivas que promueven la violencia y el paramilitarismo», señaló hoy Ramírez, que gobierna uno de los estados vecinos al fronterizo Táchira, donde se encuentra cerrado el paso limítrofe y ha sido decretado estado de excepción en diez de sus municipios.
Estos tres presuntos paramilitares se suman a los otros 32 que han sido capturados desde que se decretó ese estado de excepción el pasado 21 de agosto, una información confirmada por el mayor general Efraín Velázquez Lugo, responsable máximo militar del territorio fronterizo venezolano, en una reciente entrevista con Efe.
Unos 160 kilómetros de la frontera entre Venezuela y Colombia se mantienen cerrados desde la noche del 19 de agosto por pedido del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que impartió esta orden tras una emboscada de supuestos paramilitares y contrabandistas colombianos a tres militares venezolanos y un civil en la frontera.
A raíz de este hecho, el jefe del Ejecutivo venezolano también ordenó declarar estado de excepción en la zona y desplegó unos 3.000 soldados en la zona para luchar, entre otras problemas, contra el flagelo del contrabando.
El presidente venezolano dijo ayer que continuará tomando medidas «radicales» en la frontera con Colombia y recordó a su homólogo Juan Manuel Santos las condiciones que ha impuesto para levantar estas acciones como «prohibir» el ataque a la moneda venezolana y el contrabando.
Santos, por su parte, aseguró ayer que la Fiscalía de su país está «considerando seriamente» denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) a miembros del Gobierno de Venezuela por presuntos «crímenes de lesa humanidad», a raíz de la deportación de centenares de colombianos.