Foto. Ariana Cubillos

«Lo que parecían ser reacciones aisladas por parte de las autoridades venezolanas enfrentando manifestaciones disidentes, en realidad son una estrategia planificada por parte del gobierno del Presidente Maduro de utilizar violencia y fuerza ilegítima contra la población venezolana para neutralizar cualquier crítica […] Si las autoridades no hacen un giro radical y no ponen fin a la represión violenta premeditada contra las personas que sean consideradas críticas al gobierno, seguirán acumulándose evidencias irrefutables para que los perpetradores y autoridades rindan cuentas ante la justicia penal internacional», Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Por Clara RIVEROS, para SudAméricaHoy

El 1° de abril (2017), inició una nueva fase de resistencia y movilización social -Rebelión Pacífica y Popular- en Venezuela que demanda el cambio de sistema. ¿El detonante? Dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, apéndice del Ejecutivo, para despojar las competencias de la Asamblea Nacional. El régimen debió dar marcha atrás con las sentencias aunque en la práctica eso no significa que la Asamblea Nacional haya recuperado las facultades usurpadas desde que asumiera la nueva legislatura de mayoría opositora.

Los venezolanos completaron 100 días protestando contra la dictadura cívico-militar, piden elecciones generales y el restablecimiento democrático. Exigen derechos políticos y también económicos y sociales. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 4.182 manifestaciones desde el 1 de abril hasta el 9 de julio (2017), es decir, 42 protestas diarias. La cifra representa un aumento de 85% respecto al mismo periodo de 2016 cuando se contabilizaron 2.255 manifestaciones. Las protestas han sido de carácter sostenido y se han extendido por todo el territorio nacional. Tienen lugar en zonas rurales, populares y urbanas y los manifestantes pertenecen a diferentes sectores socioeconómicos, participan adultos mayores, jóvenes, adolescentes, artistas, deportistas, religiosos, intelectuales, autoridades universitarias, líderes sindicales, estudiantiles, comunitarios, incluso ex dirigentes políticos del chavismo.

Entre el 6 de abril y el 4 de julio se registraron extraoficialmente 111 muertes en el contexto de las manifestaciones, para el mismo periodo, el Ministerio Público reconoció el fallecimiento de 92 personas. Amnistía Internacional denunció la violencia letal como política de Estado para asfixiar a la disidencia. La Organización Foro Penal informó sobre los arrestos y presos políticos desde el 1° de abril hasta el 12 de julio: «se han producido 3.880 arrestos por protestas, más del total de 3693 en todo el año 2014 […] Desde el 1° de abril de 2017 hasta hoy ha habido 429 nuevos presos políticos». Los heridos suman casi 1500, según datos de la Fiscalía.

El gobierno ha gestionado la crisis con represión y terrorismo de Estado. A los pocos días de iniciar las protestas Nicolás Maduro anunció que aprobó un plan para ampliar a 500.000 los miembros de la Milicia Bolivariana que, armados con fusiles, se desplegarán en todo el territorio para la defensa del país. Sin embargo, la meta final es la organización y entrenamiento de «un millón de milicianos (…) organizados, entrenados y armados para defender la paz». «Un fusil para cada miliciano», ordenó el mandatario en cadena de radio y televisión.

Cientos de civiles detenidos han sido llevados a la justicia militar, se practican allanamientos ilegales, masivos y selectivos, detenciones arbitrarias que superan las 3.500 y los abusos físicos contra detenidos, en algunos casos, podrían constituir tortura. Las autoridades han empleado armas de fuego para dispersar a los manifestantes. El gobierno promueve campañas de odio en redes sociales y en medios de comunicación del Estado. Además, impuso la censura previa a los medios de comunicación para que se abstengan de entregar informaciones relacionadas con las protestas y la «consulta popular» convocada por estamentos de la sociedad civil para el domingo 16 de julio. El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) observa que Maduro ha ratificado el terrorismo de Estado como una política orientada a generar terror en la población e inhibirla de manifestarse en contra del gobierno.

«Han arrojado cartuchos de gases lacrimógenos directamente al cuerpo de manifestantes, hacia periodistas, y al interior de establecimientos de salud y viviendas […] Los organismos de seguridad han empleado excesivamente la fuerza y han avalado ataques de grupos civiles armados partidarios del gobierno contra manifestaciones masivas de oposición al gobierno, que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos», según documentó Human Rights Watch.

El gobierno aprobó el Plan Zamora e hizo la convocatoria irregular a una Asamblea Constituyente. Con el Plan Zamora se exacerbó la represión y la violencia en el país. Ese plan cívico-militar de seguridad promueve mayor despliegue de militares en las calles extremando las medidas de vigilancia, control y patrullaje de la Policía y de la Guardia Nacional. No hay mecanismos de control sobre las acciones de dicho plan y su puesta en práctica ha posibilitado las detenciones masivas, las acusaciones por delitos militares y la aplicación de la justicia militar a civiles. Esa medida -justicia militar a civiles- es inconstitucional y [según el artículo 261 de la Constitución la jurisdicción militar sólo es válida para los militares] viola los derechos humanos. BBC citó al gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, exmilitar y parte del intento de golpe de Estado de noviembre de 1992, quien justificó el Plan Zamora porque el vandalismo forma parte de una «guerra no convencional».

En cuanto a la promoción, expansión y accionar de los grupos paramilitares – colectivos civiles armados- se ha documentado que existe cercana connivencia con las estructuras del poder pese a la pretensión de mostrarlos como actores independientes para mantener una falsa neutralidad por parte de los cuerpos represivos del Estado y así evitar la presión internacional por la violación de derechos humanos. Los paramilitares actúan con impunidad aterrorizando a la población, buscan el inmovilismo político, la desarticulación y el aislamiento social, es decir, que la ciudadanía renuncie a su legítimo derecho de protestar. Adrián Galindo sostiene que: «La violencia paramilitar se inscribe en un conjunto de técnicas coercitivas gubernamentales que, por medio de la violencia reguladora planificada, buscan facilitar el tránsito hacia un Estado autoritario de corte policial-militar. El paramilitarismo también es un dispositivo de control territorial; es una forma de disputa geográfica que busca controlar físicamente el territorio».

Diferentes vídeos de las manifestaciones acaecidas en estos 100 días muestran tanto a paramilitares como a militares golpeando, asesinando y robando a manifestantes y a transeúntes. El evento más reciente acaeció el 5 de julio, cuando civiles armados afines al gobierno irrumpieron en la Asamblea Nacional, la incursión dejó cinco diputados heridos. El grupo entró en el recinto con el consentimiento de miembros de la Guardia Nacional de Venezuela.

Tras el anuncio de la Constituyente, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que hasta ese momento había sido leal al régimen, tomó distancia públicamente. Su decisión le ha valido acusaciones de Nicolás Maduro quien la señala como parte de la conspiración para derrocarlo. La Iglesia católica -Conferencia Episcopal Venezolana- también se ha pronunciado solicitando al gobierno que retire la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y que reconozca la autonomía de los poderes públicos. El presidente de Venezuela asegura que lo que no logre con los votos, lo logrará con las armas.

La madrugada del 8 de julio, el gobierno trasladó a Leopoldo López hasta su casa, concediéndole prisión domiciliaria como «medida humanitaria» debido a su «situación de salud». El Secretario de la OEA, Luis Almagro, afirmó en días pasados que: «Venezuela no está libre. Hay 31 millones de venezolanos rehenes de una dictadura». El funcionario insistió en la necesidad de que Cuba salga de Venezuela. En línea similar se pronunció José Miguel Vivanco director de Human Rights Watch para las Américas: «La crisis actual en Venezuela no es un conflicto entre dos ideologías o grupos políticos. Es una confrontación entre un régimen cívico-militar represivo que viola los derechos fundamentales de su pueblo e ignora descaradamente las garantías democráticas más elementales, y millones de venezolanos que se oponen a esta tiranía, incluidos muchos que antes apoyaban al gobierno […] La excarcelación de López es una señal de enorme debilidad de un régimen cada vez más aislado por la presión en las calles e internacional […] El arresto domiciliario de López es una notable concesión del gobierno venezolano. Pero es, muy probablemente, un repliegue táctico hecho con la intención de apaciguar las críticas y bajar la presión interna e internacional. Ahora no es el momento de dejarse engañar y ser complacientes. Por el contrario, es indispensable más fiscalización y redoblar la presión para garantizar que López y Venezuela sean finalmente libres».

CIFRAS DEL ÉXODO VENEZOLANO O EL EFECTO  DERRAME DE LA CRISIS

Venezolanos en Colombia
• «Cada día, cinco mil personas se van del país para instalarse en Colombia. Además, alrededor de 50 mil venezolanos cruzan la frontera para conseguir alimentos y hacer frente al desabastecimiento». La Nación, Argentina. Junio 13, 2017.

• El número total de los venezolanos que tienen intenciones de quedarse en el país, estaría entre 300 mil y 340 mil. Esto, sin incluir a las personas que diariamente cruzan la frontera y sin contar quienes ingresan regularmente. El Heraldo, Colombia. Julio 6, 2017.

• Cifras no oficiales calculan que en Colombia residen 1.200.000 venezolanos que han emigrado por la crisis económica y social de Venezuela. NTN 24

Venezolanos en Estados Unidos
• Según el investigador Tomás Páez unos 2 millones de venezolanos se han radicado en el extranjero en los últimos 18 años y Estados Unidos es el principal destino. Se estima que 400 mil venezolanos residen en Estados Unidos actualmente. Doral y Weston son las únicas ciudades donde la comunidad latina más grande es la venezolana. Los chavistas también han elegido Estados Unidos para radicarse. El experto considera que puede ser por las grandes distancias que separan a una ciudad de otra en Florida y que la posibilidad de vivir en residencias privadas y aisladas les permite una vida casi clandestina. A lo anterior se suman las libertades económicas y la protección de la propiedad que convierten a Estados Unidos en un destino ideal para la inversión. Patricia Andrade, directora de la ONG Venezuela Awareness, coincide con Páez y agrega que muchos exfuncionarios chavistas viven en Doral, aunque intentan pasar inadvertidos, se ven a menudo en los supermercados, comiendo en restaurantes venezolanos y en otros lugares públicos. Deutsche Welle, Alemania. Mayo 22, 2017.

• Los venezolanos son los principales extranjeros que están solicitando asilo en Estados Unidos, incluso por encima de ciudadanos provenientes de China, México, Guatemala y El Salvador. Es la primera vez que los nacionales de Venezuela lideran esta lista. Más de 14.700 venezolanos buscaron asilo en 2016, cifra que representa un incremento del 160% en comparación con 2015, cuando apenas 5.605 venezolanos aplicaron para el refugio. CNN. Mayo 23, 2017.

Venezolanos en otros países de la región
• Desde 2014, la cantidad de venezolanos que inmigró legalmente a la Argentina se ha duplicado cada año, y alcanzó un total de 35.600 personas en mayo de 2017, según informaron autoridades inmigratorias argentinas a Human Rights Watch.

• Más de 10. 000 venezolanos pidieron permisos de residencia en Perú en 2017.

• Algunas cifras que maneja ACNUR: 300.000 venezolanos residen en Colombia; 40.000 en Trinidad y Tobago; y, 30.000 en Brasil.

Venezolanos en España
• «El país desde el que llegan más inmigrantes es Venezuela. Casi 30.000 personas vinieron en 2016 desde ese país, sumido en una profunda crisis política y económica. De ellos, más de 10.000 tenían la nacionalidad española. Descontando las cerca de 2.000 personas que emigraron de España a Venezuela, el saldo migratorio se quedó en 27.674 personas. Con todo, en España sigue habiendo relativamente pocos venezolanos (63.491 en 2016) pues no era un origen habitual de inmigración». El País, España. 30 de junio, 2017.

Venezolanos solicitantes de asilo
• Unos 27.000 venezolanos presentaron solicitudes de asilo en todo el mundo durante 2016, la cifra ascendió hasta los 52.000 de enero a junio de 2017. «Estos datos representan solo una fracción del total de venezolanos que pueden necesitar protección internacional, dado que muchos no se registran como solicitantes de asilo, a pesar de que huyeron a causa de la violencia y la inseguridad, así como su incapacidad de poder sobrevivir», sostuvo William Spindler, portavoz de ACNUR. De los que sí han solicitado asilo, los principales países de destinos son: Estados Unidos (18.300), Brasil (12.960), Argentina (11.735), España (4.300), Uruguay (2.072) y México (1.044). Spindler especificó que ACNUR pide a los países que NO rechacen una solicitud de asilo que «no expulsen a esa persona a Venezuela, dado que entendemos que su retorno puede exacerbar la situación».