Por Alex FERGUSSON, para SudAméricaHoy
La situación económica, social y política reinante, continúa enrumbando al país por un curso de colisión, en medio de un panorama es cada vez más oscuro.
La hiperinflación, la escasez de productos alimenticios y medicinas, el deterioro de los servicios básicos (agua, electricidad, salud, transporte, educación e internet), la disminución del tiempo de duplicación de los precios, continúa y se agrava.
Las predicciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) acerca de que la inflación podría alcanzar la cifra de DIEZ MILLONES por ciento para finales del año; que la economía caerá más de un 18 % y que la producción petrolera podría reducirse para fin de año, en torno a un millón de barriles diarios, se han hecho realidad antes de lo esperado. Una situación sin precedentes en la historia de la nación.
La posible declaratoria de “quiebra” y el eventual cierre de la empresa PDVSA, principal fuente financiera del Estado, y su sustitución por una especie de “Corporación Energética” que incluiría a las empresas productoras y distribuidora de electricidad, complican más las expectativas de una solución a la crisis que vivimos.
Como si esto no fuera suficiente, han comenzado a hacerse evidentes algunos signos de consolidación de un proceso de disolución del Estado, entendiendo por “Estado”, la conjunción de gobierno y sociedad.
El elemento más obvio de este proceso, es el hecho de que cerca del 60 % de la actividad económica comercial se realiza ahora, por vías totalmente informales, es decir: ventas callejeras, ventas privadas por personas que no están registradas legalmente, o por organizaciones promovidas por el gobierno para la distribución de alimentos y enseres del hogar. Por supuesto, estas ventas no generan impuestos a pagar y no dan garantías del producto, en cuanto a origen, sustitución por daño, calidad y permisiones.
Otro signo preocupante es la existencia de extensas zonas del país, incluidas áreas urbana, que se encuentran bajo el control de grupos irregulares, colectivos armados, paramilitares, militares mismos y delincuentes organizados, donde la institucionalidad no funciona y los irregulares imponen las reglas. Allí, ocurren impunemente, robos, asesinatos, extorsiones a comerciantes formales, mineros, campesinos y empresarios o dueños de fincas, así como acciones contra personas, especialmente líderes campesinos, obreros o comunitarios que se atreven a enfrentar la situación.
Recientemente hemos conocido la presencia de contingentes armados pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas de Liberación de Colombia (FARC) en territorio venezolano fronterizo (Estados de Táchira, Zulia, Apure, Amazonas y Bolívar), los cuales controlan extensas zonas de la frontera y una parte de la actividad minera, especialmente en los Estados Bolívar y Amazonas.
En días pasados, una acción de represalia de estos grupos guerrilleros contra un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dejó un saldo de 4 muertos y 12 heridos entre los soldados venezolanos. Así están las cosas.
No parece casual que algunas de esas áreas sin control oficial, se correspondan con las “zonas de paz” que el gobierno decretó hace varios años con el supuesto propósito de combatir la delincuencia y que ahora están en manos de “mafias”.
Súmele la desaparición por “cierre técnico” del 50 % de la empresas que existían en 2008; la reducción al 19 % de las empresas de alta producción, las cuales operan hoy por debajo del 20 % de su capacidad, y finalmente, los cobros ilegales en las carreteras a los transportistas de productos del campo (entre 10 y 15 % del valor de la mercancía) o la simple confiscación de una parte de los productos que transportan, bajo la amenaza de impedirles transitar o decomisarle toda la mercancía.
Agregue usted, la entrega de importantes empresas básicas y estratégicas de la nación, a grupos de poder nacionales vinculados con intereses extranjeros que imponen sus propias políticas al margen de las leyes nacionales; la virtual eliminación de los sindicatos obreros, de los gremios profesionales y de todas las instancias de la educación privada; la prohibición de las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y de otras organizaciones creadas por la sociedad civil; la organización territorial con base en las “Comunas”, es decir, la creación del Estado Comunal -¿nuevo Estado Feudal?- que se aspira a consagrar en la nueva constitución, y tendremos una mapa político y social hecho a la medida del gobierno autocrático.
Parece, entonces, que hubiera la intención de disolver la estructura del Estado.
De hecho, todo indica que el gobierno gobierna cada vez menos. Los organismos oficiales (ministerios, institutos y otros organismos) no tienen presupuesto para otra cosa que no sea el pago de sueldos y salarios. No hay dinero para proyectos, investigación, capacitación, mantenimiento y equipamiento, para citar solo renglones importantes. Al menos, esa es la respuesta del funcionariado cuando se les pide explicación acerca del incumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de las competencias que la ley les asigna.
El control total de las instituciones y los Poderes Públicos (Fiscalía General, Tribunales de Justicia, Tribunal Supremo, Consejo Electoral, Contraloría Nacional, etc.), ha dado la facilidad de la impunidad a este proceso. Solo queda la Asamblea Nacional (el parlamento venezolano) todavía en manos opositoras, pero quizás no por mucho tiempo.
La nueva constitución, que la espuria ANC cocina en la oscuridad, probablemente incluya su eliminación o sustitución.
¿Hacia dónde vamos, entonces?
Por ahora, solo se me ocurre pensar en la idea de estar derivando hacia un “Estado Feudal del Siglo XXI”, donde el país habría sido repartido entre modernos señores o grupos feudales -la mayoría militares y líderes de organizaciones delictivas- que gobiernan a su antojo, que son los nuevos dueños de los medios de producción, que tienen poder sobre la vida de la gente, y todo ello con la anuencia del gobierno central al cual mantendrían con sus aportes. Un Estado de “lealtades por conveniencia”.
¿El fin del Estado y la República?