Por Jorge ELIAS

En la transición, como si fuera un parto, Cuba sufre dolores. O, como deja entrever el informe Conectar a Cuba, del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), parece provocárselos: “Los periodistas cubanos están encontrando mayor espacio para la crítica, pero las restrictivas disposiciones legales, el temor a las represalias y el limitado y costoso acceso a la Internet frenan el avance del país en materia de libertad de prensa”.

En coincidencia con la divulgación del informe, y sin vínculo aparente, un despacho de abogados que brinda asistencia legal a blogueros, periodistas independientes y opositores resultó blanco de un brutal atropello de las fuerzas de seguridad cubanas, acaso como un recordatorio de las intimidaciones supuestamente pretéritas.

El informe del programa de las Américas del CPJ, dirigido por Carlos Lauría, repara en el llamado del presidente Raúl Castro, en 2010, a favor de las reformas. Desde entonces hubo algunos progresos en la prensa, plasmados en la aparición de sitios digitales de noticias y de medios de comunicación independientes, pero también persisten “el acoso y la intimidación por parte de las autoridades”, que inhiben la crítica contra el Estado, así como “el vacío legal a causa de anticuadas y restrictivas disposiciones legales sobre la actividad de la prensa”.

Existe otra limitación: la carestía de Internet aísla a la nueva generación de periodistas, más afín a su uso que las anteriores.

“Los periodistas cubanos continúan sometidos a ataduras –observaErnesto Londoño, miembro de la junta editorial de The New York Times–. La prensa oficial está controlada por el gobernante Partido Comunista, que durante años ha intentado ejercer un férreo control sobre la difusión de la información en Cuba. Los periodistas independientes que ejercen el periodismo crítico tienen un alcance limitado porque solamente el Estado tiene el derecho legal de administrar organizaciones de medios y pocas personas tienen acceso continuo y a precios accesibles a la Internet”.

Laritza Diversent no es periodista, sino abogada. “Tenemos miedo”, confiesa. Dirige el Centro de Información Legal Cubalex, de La Habana. Fuerzas de seguridad irrumpieron en su oficina, el 23 de septiembre, con saña y alevosía. Procuraron amedrentar a quienes se encontraban en ella. “Se presentaron una veintena de agentes uniformados, algunos con pistolas en la cintura, así como funcionarios de diversas instituciones del Estado –dijo Laritza–. Traían una orden de registro que no cumplía con los requerimientos establecidos por la ley. Cuando se los hicimos saber recurrieron a la fuerza”.

El miedo fomenta la autocensura.

Desde 2009, Laritza y sus colegas ofrecen charlas gratuitas a blogueros, periodistas independientes y opositores sobre cómo comportarse en caso de una detención. Le había llegado la hora a ella, pensó, prevenida por “varios vecinos que nos habían puesto en alerta sobre un operativo que la Seguridad venía gestando”. Las mujeres, relató Laritza, debieron desnudarse para demostrar que no ocultaban nada debajo de sus ropas. Un abogado de Cubalex, Julio Ferrer Tamayo, terminó preso en las afueras de La Habana, según estableció Gabriel Salvia, presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal). También detuvieron a un activista, liberado horas después.

Atropellos de esa magnitud aún ocurren en Cuba, más allá de la apertura tras elrestablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. La sede de Cubalex es también la casa particular de Laritza, construida con recursos propios al final de un callejón en el distrito habanero de El Calvario. El calvario, literalmente, quedó expuesto frente a sus ojos mientras, en medio del ultraje, los agentes de seguridad se incautaban computadoras, teléfonos móviles, un servidor, cámaras de seguridad, impresoras, soportes digitales, archivos y dinero. “El año pasado atendimos más de 170 casos, en su mayoría de gente pobre que se siente desamparada por la maquinaria jurídica del Estado”, relató.

Sobre el Estado, el informe del CPJ advierte que las limitaciones de las libertades, empezando por la de expresión, se amparan en el pretexto de proteger “la independencia y la integridad territorial” de la isla. La Constitución cubana prohíbe la propiedad privada de la prensa. Todos los medios de comunicación están presuntamente “controlados por el Estado comunista de partido único, pero el auge de la cobertura informativa independiente es una señal de una Cuba en cambio”. En cambio y fuera, ojalá, frente a los despropósitos.